Hoy hay dos asuntos de la actualidad que nos obligan a mirar a los pactos entre el PP y Vox, y no son ni las declaraciones políticas ni las investiduras de los presidentes autonómicos, son dos cuestiones colaterales que nos hacen pensar en el camino que todavía queda por recorrer en algunos derechos y cómo puede verse este camino interrumpido si la ultraderecha logra imponer su marco ideológico, como ya ha hecho en los acuerdos que ha cerrado con el partido de Feijóo en ayuntamientos y comunidades.
El primer asunto se refiere al aborto, a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena indemnizar a una mujer que no pudo abortar en su comunidad, en Murcia. Ya hemos hablado en otras ocasiones de casos similares, hemos contado y hemos podido escuchar en primera persona el testimonio de mujeres que viven un verdadero calvario intentando abortar y que no encuentran asistencia en la sanidad pública de muchas comunidades, a pesar de que en muchos casos el diagnóstico médico recomienda la interrupción del embarazo. La sentencia del Constitucional, importante porque fija una doctrina muy clara sobre los derechos de las mujeres que acudan a la sanidad pública para abortar, dice que deben ser atendidas y deben ser atendidas en su comunidad. Y esta noticia nos hace mirar al los pactos entre el PP y Vox porque la ultraderecha niega el derecho al aborto, porque coloca en puestos de responsabilidad, como en la presidencia de algún parlamento autonómico, a declarados militantes anti-abortistas. Con lo que cuesta avanzar, con lo que cuesta que se consoliden nuestros derechos, y esta sentencia del Constitucional lo demuestra, el peligro a un retroceso es más que evidente.
Y el otro asunto que también nos interpela es el goteo de casos de violencia machista de los últimos días. Cuatro mujeres asesinadas en cinco días. Y frente a este dato, terrible, que pasa a engrosar la cifra de muertes este año, los discursos negacionistas de la violencia machista de la ultraderecha, que se niega a recoger
