Una noticia buena y otra mala. La buena es que ya es posible diagnosticar precozmente la enfermedad de Alzheimer cuando sus síntomas aún son leves e incluso años antes de que surjan las primeras señales de deterioro cognitivo. La mala es que aún ningún tratamiento ha demostrado ser capaz de frenar la progresión de la enfermedad y que el último fármaco experimental que se ha ensayado ha fracasado. Lo cual plantea un debate médico y ético. ¿Deben ofrecerse a pacientes con deterioro cognitivo pruebas de diagnóstico precoz si aún no se les puede ofrecer un tratamiento? ¿Debería cubrir la sanidad pública estas pruebas, que son complejas y costosas, aun a costa de recortar otras prestaciones? ¿O bien estas pruebas de diagnóstico precoz sólo deben emplearse con fines de investigación, por ejemplo para estudiar si un fármaco es eficaz en las fases iniciales de la enfermedad?
