El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura y se evite cualquier tipo de duplicidad entre ellas, una auditoría que se realizará "de abajo arriba" y para la que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.
