La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la explotación sexual, que obtenía 50.000 euros de cada mujer a la que introducía ilegalmente en nuestro país. Las víctimas son jóvenes nigerianas captadas con falsas promesas de trabajos dignos bien remunerados, que una vez en España eran obligadas a ejercer la prostitución en la vía pública bajo amenazas y coacciones.
