Esta niña de siete años sufre discapacidad auditiva, lo que supone un grave problema a la hora de recibir clases en el centro educativo junto a sus compañeros. Por este motivo su madre ha exigido a la Delegación provincial de Educación de la Junta de Andalucía, bajo el amparo de la ley, que asuma los costes del profesor que traduce a lenguaje de signos las asignaturas que se imparten en el centro.