¿Es el tal ‘Azagra’ el único de la familia Sánchez que dimite?
Me refiero a David Sánchez, cuñado de Begoña, que lleva desde 2017 cobrando del erario público y buscando donde está su oficina.
No me parece sorprendente que ‘Azagra’ haya renunciado a su cargo en la Diputación de Badajoz.
Es lo mínimo si se tiene en cuenta que los del PSOE crearon el puesto específicamente para él y que siete años después de la cacicada, reconoció ante el juez que todavía sigue sin saber ni dónde está la oficina ni a qué se dedica su negociado.
Habrá echado cuentas ‘Azagra’, valorado los riesgos, y concluido que ya no le sale rentable seguir como jefe de la fantasmagórica Oficina de Artes Escénicas.
Todo apunta a que terminará condenado y en estos casos, además de unas penas de cárcel mínimas que nadie cumple, la sentencia suele incluir una multa por el doble del beneficio económico obtenido.
Y el paisano, que a nadie se le olvidé, ha cobrado religiosamente todos los meses, sin pegar palo al agua y sin siquiera aparecer por el curro.
Se va ‘Azagra’ con la musica a otra parte, pero cargando en la mochila con 4 delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude.
Y todo merced a su amoral hermano, porque todo gira en torno al marido de Begoña.
Desde hace más de un año, la Justicia acorrala por corrupción a tres decenas de familiares y altos cargos del socialista Sánchez.
Es él, por acción u omisión, interviniendo personalmente o de forma vicaria, quien conecta los sumarios.
Y es él, el tipo a quien Koldo, Aldama, Ábalos, Angel Victor Torres y compinches se referían en plan mafioso como el Nº-1, quien debe terminar en la cárcel.
Subrayado esto, como base de todo y elemento clave para la regeneración de España, comentarles que hay otras cosas en el infierno informativo.
Tenemos la desvergonzada declaración del imputado fiscal García Ortiz; las cosas de Donald Trump, que propone hacer en la atormentada Franja de Gaza una versión de Marina d’Or sin palestinos y que se cumplen 100 días desde que la Dana arrasó el Levante español.
Y justo cuando se cumplen 100 días de la tragedia que segó la vida de 227 personas -219 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla La Mancha y 1 en Andalucía- y donde quedó patente la incompetencia e irresponsabilidad de nuestros políticos, nos enteramos de que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno Sánchez a través del Ministerio de Transición Ecológica que en aquellos días dirigía Teresa Ribera, no advirtió del desbordamiento del barranco del Poyo.
No alertó, no pulsó la alarma, ni nada.
Me da a mi que en este asunto, hay unos cuantos que deberían terminar en prisión.
