La familia Labate, conocida por su participación en la construcción de viviendas a través de Induplac Fiduciaria, enfrenta acusaciones penales tras descubrirse un esquema Ponzi en sus proyectos inmobiliarios. Con 130 millones en cheques sin fondo, los inversores afectados buscan justicia mientras el caso se desarrolla en tribunales. La situación pone de relieve los riesgos de invertir en edificios "en pozo" en un contexto económico incierto y con alta inflación.
