La disputa por el río Atuel es histórica y llevó décadas de diferendos judiciales hasta que se llegó a un fallo de la Corte. Al no conseguir que el fallo se cumpla, La Pampa acudió a la CIDH, que tomó la decisión de darle curso a la demanda y le dio al Estado nacional tres meses para que responde por qué no se cumple un fallo de la Corte Suprema de junio pasado que obliga a Mendoza a garantizarle a La Pampa un caudal mínimo del río. El Gobierno de Milei podrá pedir una prórroga de cuatro meses más pero, tarde o temprano, tendrá que inventar una respuesta.
