El conflicto universitario se intensifica con la toma de facultades y diversas modalidades de protesta. En respuesta, el gobierno ha decidido modificar una resolución del Procurador del Tesoro para permitir una nueva auditoría a las universidades, sumándose a las ya existentes. Mientras tanto, el presidente Milei continúa criticando a las instituciones educativas y acusa de corrupción sin presentar denuncias formales. La medida busca fiscalizar los gastos operativos, aunque la mayoría del presupuesto universitario se destina a sueldos.
