Les piden a sus víctimas un pago de 88 dólares para evitar la pérdida total de sus fondos y posibles problemas legales. Las personas afectadas, como Daniel, reciben mensajes intimidantes que mencionan falsas negociaciones con el gobierno y amenazas de lavado de dinero. La justicia ya investiga el caso, con fiscales federales involucrados en el proceso.
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