El gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni apunta a criminalizar protestas pacíficas en un nuevo proyecto de ley de seguridad, bautizado por sus críticos como "Ley anti-Gandhi".
El paquete de 20 medidas ya fue aprobado por los diputados y su adopción depende de su paso en el senado, y contiene una serie de medidas que buscan castigar a los manifestantes, en particular a los activistas ecológicos, haciendo que ciertas acciones conlleven una pena de prisión.
