Desde hace más de una década el plan de intereses foráneos - trasnacionales y sus puertas giratorias ubicadas estratégicamente en gobiernos injerencistas - es erosionar el Estado nación y balcanizar el territorio venezolano para apropiarse de sus recursos naturales y potencialidades geoestratégicas.
Esto es un trabajo hecho a varias manos porque lo que no se logra mediante sanciones financieras y bloqueo por parte de criminales de cuello blanco y sus diplomáticos, ni se alcanza con la contratación de mercenarios para ejecutar operaciones de “salvación” (invasión), entonces le corresponde materializarlo al crimen organizado in situ.
Los recientes acontecimientos han permitido unir puntos y puntualizar algunas claves sobre la disputa territorial entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y las bandas criminales.
La mano de obra no tan barata
Los delincuentes se encargan también de atacar la salud de la economía venezolana a través del contrabando de gasolina, la extracción ilegal del oro y otros minerales, todo esto previo financiamiento y entrenamiento por parte de fuerzas paramilitares y mercenarias colombianas.
Entonces, lo que no lograron los mercenarios estadounidenses junto a desertores del ejército durante la fallida operación gedeón en plena novedad de la pandemia, que lo logren otros sectores que operan al margen de la ley o como un trastorno psicopático: bajo su propia ley.
Según el informe “Megabandas, una aproximación a la insurgencia criminal venezolana, del observatorio de delito organizado” - que data de 2017 y del cuál solo tomaremos la información que ofrecemos inmediatamente a continuación - estas son las características de las megabandas que operan en territorio venezolano y que han sabido capitalizar intereses extranjeros, mediáticos y algunas figuras de oposición:
1. - Son organizaciones sin ideología política cuyo único fin es obtener beneficios económicos de sus fechorías. Sumamos que esta vida sin ideología encuentra coro en la tendencia a la despolitización de la juventud de las barriadas venezolanas y que es tan alimentada a través de redes sociales durante los últimos años.
2.- Las megabandas cuentan con un mínimo de 50 o 60 miembros (pueden llegar a ser cientos) asociados
3.- Controlan un territorio determinado (urbano o rural) hoy sabemos que se despliegan al menos en 7 estados venezolanos, entre esos Apure, Táchira, Zulia, Barinas y sectores neurálgicos de Caracas (El Valle, Coche, Petare y la Cota 905)
4.- Cuentan con armas de alto poder de procedencia colombiana y estadounidense.
5.- Su estructura vertical de mando está bien definida por eso fue sencillo identificar al ‘Koki’ y al ‘Conejo’ por ejemplo como grandes cabecillas.
6.- Cometen delitos con los que aparentemente garantizan sus operaciones: narcotráfico, sicariato, robo de vehículos (camiones de carga) extorsión y secuestro, entre otros.
7.- Según este informe (para nada oficialista) para 2017 ya existían 19 megabandas.
8.- Otro elemento característico son los asesinatos atroces, algo importado de los cárteles colombianos y mexicanos y ubican como blanco a dirigentes políticos como fue el caso de Robert Serra y a miembros de otras bandas para enviar mensajes precisos y claros. si no es suficiente, los graban y los difunden en redes sociales para burlar al estado venezolano.
9.- Preocupa la aceptación social que tienen estas agrupaciones en las comunidades donde operan y que está determinada porque los “principales” de estas pandillas regularmente defienden los territorios que dominan y enfrentan a otras pandillas que ingresen a cometer delitos en estos sectores.
10.- Los nexos entre sectores de la oposición y algunas de estas organizaciones se ha ido evidenciando los últimos años
El abatimiento del ‘Koki y la polémica que generó es el síntoma que evidencia una enfermedad que aún está a tiempo de ser tratada y curada, y en eso trabajan las fuerzas de seguridad del Estado.
En esta entrega de Entre Líneas también sumamos algunos detalles puntualizados por expertos para evitar la concreción del plan inicial: minimizar, si no desintegrar, la figura del Estado como garante de la seguridad nacional.
