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Mientras Colombia se hunde en la violencia de la represión, el gobierno de Iván Duque y los medios de comunicación de los grupos de poder intentan responsabilizar de todos los males del país al dirigente político que lidera las encuestas para la sucesión presidencial, Gustavo Petro. En el caso de la revista Semana, a través de una terrorífica portada, hace llamados abiertos a que este senador sea asesinado.
El filósofo y comunicador venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela dedicó una vez más su programa Desde Donde Sea a la dramática situación colombiana, pues cuando el paro nacional está cerca de arribar al mes, no cesa la represión y algunas voces internacionales, como la del papa Francisco, comienzan a levantarse. “En ese contexto de un país en llamas, los medios de comunicación y más específicamente la revista Semana, está perdiendo toda ética profesional, todo principio deontológico. La otra muy respetada revista se dedica ahora a incitar a la violencia, a llamar a que se asesine a Gustavo Petro”.
El Equipo de Producción del programa mostró la portada de la publicación en la que la cara de Petro aparece ensangrentada y parcialmente quemada, sobre un fondo de llamas. El senador anunció que llevará el caso a los tribunales.
“Se dedicaron a invisibilizar las protestas y cuando ya no pudieron invisibilizarlas, optaron por calificar de terroristas a los ciudadanos que protestan. Acusan a Petro, que no está en el gobierno, de todos los males de la sociedad colombiana. Están destruyendo el poco periodismo que le quedaba a la revista Semana”, dijo Pérez Pirela, antes de citar el tuit con el que la directora de dicho medio, la periodista Vicky Dávila, hizo viral la portada: “Petro, al final, ganará algunos réditos por lo bueno que deje el paro, pero sin duda pagará políticamente por lo malo y lo feo de unas protestas y bloqueos que aún no terminan. Editorial Semana, envíanos tu mensaje con #PetroBastaYa”.
Duque, igual que Semana, anda buscando culpables. En una rueda de prensa apuntó su dedo hacia Petro: “Cuando yo gané las elecciones, el candidato que derroté dijo que él estaría en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo mi mandato, que su propósito era no dejarme gobernar el país”.
El mandatario uribista hace todo lo posible para ocultar una realidad alarmante, que queda plenamente plasmada en el sitio web justiciaypazcolombia.com, que publicó un informe donde se señala la existencia de desaparecidos, fosas comunes y de casas de pique en Cali. El documento, fue elaborado por el Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
El moderador citó varios párrafos del informe:
“Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como ‘vándalos terroristas’ a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales”.
“Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños (…) El domingo 2 de mayo, el CAM (Centro Administrativo Municipal) fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas”.
“Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos (…) Estps jóvenes habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido ‘ajusticiados’. Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos”.
