Bases militares estadounidenses y narcotráfico parecen tejer una red común en Colombia, particularmente notoria desde 1999, año en el que esa nación se convirtió en “el tercer país principal beneficiario del mundo en asistencia militar y policial por parte de los Estados Unidos“, según datos del investigador estadounidense Adam Isacson, recopilados por Miguel Ángel Pérez Pirela para su trabajo compilado en el libro La cuestión colombo-venezolana y a los que aludió para mostrar los efectos de esa imbricación entre presencia militar estadounidense y negocio de la droga en el vecino país.
La fecha en la que inició esta “asistencia militar y policial” conocida como Plan Colombia no parece ser al azar. “¿Qué pasó en 1999? ¿Un cierto Hugo Rafael Chávez Frías ganó las elecciones?”, se preguntó retóricamente. Todavía más: siguiendo a Isacson, “desde 2001, es el país que cuenta con la mayor cantidad de personal militar norteamericano en sus fronteras“, citó.
El discurso oficial de entonces, justificó el Plan Colombia aduciendo la necesidad de luchar contra los cárteles, pero en realidad sucedió exactamente lo opuesto, porque “desde 1998, Colombia abarca la mayoría de la producción de coca de América del Sur y ya para el 2001, su parte de la producción había aumentado en un 76%”. En pocas palabras, con el arribo de los efectivos estadounidenses y de su dinero, la producción de cocaína se incrementó en un 76% en apenas tres años.
En adelante, la dependencia de Colombia del dinero proveniente del narcotráfico ha ido en aumento. Ya en 2012, Pérez Pirela planteaba: “lo que para el Estado venezolano es el petróleo, para el para-Estado naciente es la droga” y ello puede sustentarse si se consideran las incautaciones de cocaína realizadas por las autoridades venezolanas durante la existencia del Plan Colombia, así como las propias cifras de producción de droga del vecino país.
“Desde que se instauró el Plan Colombia, las autoridades venezolanas han incautado 600.000 toneladas de cocaína. (…). Es importante acotar que durante diez años del Plan Colombia, se produjeron, en promedio, 622,4 toneladas al año de cocaína, superior al promedio de los cinco años anteriores, que fue de 303 toneladas al año”, puntualizó.
Este dato es particularmente relevante para analizar el creciente poder del para-Estado en Colombia al calor del reciente intento de invasión, en el que ese país tuvo una participación destacada.
En ese sentido, el analista político recordó que Juan Guaidó firmó un contrato con una compañía de mercenarios por 212 millones de dólares, pagaderos con dinero proveniente del negocio petrolero. El político derechista no honró el compromiso y la operación paramilitar fue financiada por un narcotraficante de la Alta Guajira, Elkin López, conocido como “Doble Rueda”.
“Es decir que estos mercenarios se están pagando, en estos momentos, con dinero del narcotráfico. Y se les promete, una vez que hayan tomado Miraflores, que se les seguirá pagando, pero ahora con dinero del petróleo”, precisó.
Ello es posible, en su criterio, porque dentro de la fractura que existe dentro del Estado colombiano, el narco-Estado avanza en el control y “lava las cantidades inconmensurables de millones de dólares, fruto de la venta de cocaína colombiana en todo el mundo y que es la que está financiando a estos movimientos desestabilizadores contra Venezuela”.
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