Antonio Molina fue uno de los abogados de las víctimas de los sucesos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril de 2002. Como tal, su papel fue crucial para que fuesen condenados los jefes de la Policía Metropolitana que participaron en estos hechos, Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como varios funcionarios de menor rango.
El jurista estuvo en primer plano hasta que finalizó el juicio, en 2009, con la sentencia condenatoria. Luego se ha mantenido en el ejercicio privado del Derecho. Tras la fuga de Simonovis, en mayo pasado, ofreció declaraciones en las que descalificó la versión según la cual Juan Guaidó, usando atribuciones presidenciales, lo había indultado. Explicó que ni siquiera el presidente legítimo, Nicolás Maduro, podría hacerlo, pues los delitos por los que fue condenado el excomisario son de lesa humanidad y la Constitución Nacional prohíbe otorgar ese tipo de medidas de gracia a los penados por tales hechos punibles.
