El gobierno de Javier Milei tiene 10 días hábiles para vetar la iniciativa de la oposición sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Mientras tanto, presiona a los gobernadores y evalúa judicializar el tema si el Congreso insiste con la propuesta. La Casa Rosada estudia un veto total, aunque podría salvar algunas partes de la ley aprobada por amplio consenso en el Senado y Diputados.
