En un polémico fallo, la Cámara Penal de Guatemala ha permitido la reactivación de cargos criminales contra dos destacados defensores del territorio que lideraron la resistencia contra la construcción de hidroeléctricas financiadas por el Banco Mundial y el BID en 2015. Esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, quienes advierten sobre el riesgo de criminalizar la defensa del medio ambiente y los derechos comunitarios en un contexto donde las luchas territoriales son cada vez más vulnerables.teleSUR
