Mientras se corría de la escena nacional, y en medio de un viaje de negocios a Corea del Sur, Llaryora observó un crecimiento bastante mayor al esperado en el nivel de conflictividad en el sector público. Más concretamente en el área docente. Mientras se apuraba en informar el cierre de paritarias con distintos gremios públicos, incluido el de Ferroviarios en una provincia donde no hay trenes cordobeses, la tensión con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) tomaba temperatura.
Sin novedades tras la conciliación obligatoria dictada antes del receso invernal, la “oferta superadora” que días atrás presentó el Gobierno implicó un básico de 600.000 pesos, bastante por debajo de la canasta básica alimentaria, que en la provincia supera los 870.000 pesos.
El obvio rechazo motivó que la docencia pública y privada vuelva a las calles, en lo que terminó siendo una masiva marcha la semana pasada en reclamo de una mejora salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo. El paro tuvo 80 por ciento de acatamiento.
