Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, mencionó que, en los últimos años, la falta de control estatal, la superpoblación y las condiciones deficientes facilitaron la violencia intramuros, "permitiendo que las pandillas cometan crímenes atroces que suman más de 600 víctimas mortales". Para Goebertus, la respuesta estatal ante la crisis fue "inadecuada y tardía".