El Tribunal Supremo ha decidido este lunes que el delito de malversación en el caso del procés no es amnistiable. La Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena, quien ha sido el ponente de la decisión, ha acordado también promover una cuestión de inconstitucionalidad respecto del delito de desobediencia. La magistrada Ana Ferrer ha sido la única (de los seis miembros del Tribunal) en emitir un voto discrepante porque cree que para resolver hay que plantear una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto, en la práctica, deja muy tocados los efectos de la Ley de Amnistía para los líderes independentistas, cuya condena más gruesa se basa precisamente en el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum.
