Los fiscales del 1-O han remitido este miércoles un oficio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde le piden que dé por escrito la orden que ayer les anticipó: que no comparte la tesis jurídica de que el delito de malversación de caudales públicos imputado a Carles Puigdemont quede fuera de la aplicación de la Ley de Amnistía.
En el documento, conocido por EL MUNDO, los fiscales de Sala sostienen lo siguiente: "Si considera que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes que se adjuntan, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuación proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -convocando la audiencia preceptiva de la Junta de Fiscales de Sala- ya que estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma".
