Carlos Menem se convierte en el primer presidente constitucional de la historia argentina en ser procesado con prisión preventiva por un caso de corrupción. El exmandatario peronista declara ante el juez federal Jorge Urso, que ordena su detención por uno de los hechos más graves desde la restauración de la democracia: el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que incluyó la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero para ocultar el faltante de material bélico. La causa data de 1995 y se motoriza a partir de abril de 2001, cuando el magistrado ordena el arresto de Emir Yoma, excuñado de Menem. Desde entonces, varios exfuncionarios llegan a declarar a Comodoro Py y salen detenidos. Urso acusa a Menem de liderar una asociación ilícita. La prisión preventiva la cumple en una quinta, propiedad de Armando Gostanian, titular de la Casa de Moneda en los 90. Allí permanece hasta noviembre, cuando la Corte Suprema desestima la idea de que los actos de gobierno puedan encuadrarse como asociación ilícita. El juicio se desarrolla entre 2008 y 2011 y culmina con absoluciones. En la instancia de apelaciones, Menem es condenado a siete años de prisión en 2013. Ya gozaba de los fueros como senador por La Rioja. En 2017 se confirma la pena, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación para cargos públicos, pese a lo cual renueva su banca ese año. La Corte Suprema acepta un recurso extraordinario y ordena una nueva sentencia. Finalmente, en 2018, la Cámara de Casación Penal cierra el expediente y absuelve a todos los implicados por no cumplirse el "principio de plazo razonable" para llegar a una sentencia firme.
