El escándalo es de tal magnitud que el Colegio de Abogados de Madrid ha dicho basta.
La filtración de datos confidenciales relativos a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, provocó la reacción de este organismo.
Por lo pronto, tres medidas a tomar en consideración:
El Colegio, hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad, se desvincula con el Protocolo de Conformidades y por ello insta enérgicamente a los colegiados a evitar el uso del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación.
El ICAM anuncia la presentación de una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El ICAM va a dar instrucciones a los Servicios Jurídicos del colegio para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía AP de Madrid y la personación de este colegio en la causa.
Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, señaló que:
El gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, máximo órgano representativo de la Abogacía madrileña, ha analizado los recientes acontecimientos protagonizados por la Fiscalía Provincial de Madrid. Y siempre, y quiero recalcarlo al inicio, partiendo de la base de la excelencia y la profesionalidad de todo el cuerpo de fiscales, que son los centinelas de nuestro Estado de Derecho, lo cierto es que el pasado jueves, a las 10 y 22 de la mañana, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió de modo inédito a todos los medios de comunicación una nota de prensa en la que se recogían datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y el contenido de conversaciones y reuniones, produciendo con ello una ruptura sin antecedentes en lo que es la confidencialidad y el secreto profesional, principios básicos que amparan la comunicación de nuestros letrados.
El ICAM considera de extrema gravedad estos hechos. La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, en el marco de un acuerdo de conformidad aún no culminado constituye una vulneración flagrante de estos principios básicos de sigilo, de confianza y de buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.
