El titular del Ministerio Público se defiende, en una carta dirigida al Consejo General de la Abogacía Española, de las evidencias que sitúan en una orden directa suya la actuación de la Fiscalía madrileña
«Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal», asegura el máximo responsable de la institución pública, Álvaro García Ortiz, en una carta dirigida a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. El fiscal general del Estado asegura que, en todo momento, «se ha salvaguardado» el deber de reserva en el caso de Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por un presunto delito fiscal.
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