La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los representantes de los desarrollos clausurados desde el año pasado llegaron a un acuerdo en diciembre: presentarían la Manifestación de Impacto Ambiental, la autoridad federal se la revisaría en un plazo menor y una vez aprobada, se retirarían los sellos y los desarrolladores se desistirían del proceso legal.