Colea el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate después de que una potente narcolancha embistiera en la noche del viernes a la zódiac de la Benemérita.
El trágico suceso volvió a dejar patente la nula preocupación del Gobierno Sánchez en dotar de medios a los agentes del Instituto Armado para hacer frente al problema existente en todo el Campo de Gibraltar con los narcotraficantes.
En Antena 3 Noticias, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, se mostró contundente a la hora de denunciar la dejadez del Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de no tener protegida la zona:
Los recursos son mínimos, el puerto de Barbate está totalmente sin ningún tipo de protección. Como habéis dicho, las patrulleras están todas estropeadas y como mínimo debería de haber una en el Campo de Gibraltar, una en la bahía de Cádiz y otra en el puerto de Barbate para poder controlar una salvajada lo que se ha producido con estos guardias civiles que han dado la vida de una manera que no tenían que haberla dado porque han peleado contra unas narcolanchas muy superiores a ellos.
Molina aseveró que aún no ha habido la oportunidad de poder entablar siquiera una breve conversación con el responsable de Interior:
No, no he tenido la oportunidad de hablar con nadie porque parece que están como en una nube, no atienden a los alcaldes, no están pendientes. Nosotros trabajamos con la Subdelegación. Todos los años y cada seis meses hacemos Junta de Gobierno local en la cual siempre manifestamos, ahí están representadas todas las instituciones, entre ellas la Delegación del Gobierno, que por cierto, casi nunca suelen venir los subdelegados, y en la que siempre dejamos recogido la escasez de recursos que disponen los medios de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, que no tienen recursos ninguno y cada vez van para menos.
Y exigió un endurecimiento de la ley para que los narcotraficantes no estén en la calle al día siguiente de haber sido detenidos:
La ley tiene que cambiar porque lo que no se puede permitir es que una persona como en Sanlúcar lo acaben cogiendo hoy y mañana estén en la calle. La ley tiene que cambiar y tiene que ser mucho más rotunda.