Las comisión fiscal, encargada de investigar el proceso, solicita una pena de 30 años contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y exfuncionarios gubernamentales, altos mandos policiales y militares por delitos de genocidio y homicidio, cometidos en las masacres de Sacaba y Senkata de 2019. teleSUR
