La Junta de Andalucia volvió ayer de Bruselas con el rabo entre las piernas. Tras su iniciativa para legalizar los regadíos ilegales de Doñana, en contra del criterio de los científicos, del Gobierno central y de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, desde la Junta se invitó a representantes europeos a conocer Doñana y se prestaron a ir ellos hasta Bruselas para dar las explicaciones pertinentes. Y fue ayer cuando el consejero de Medio Ambiente se reunió con el comisario del ramo, y la reunión no fue nada bien para los intereses de Moreno Bonilla.
Después de la reunión, la Comisión Europea publicó un comunicado, en unos términos muy duros, advirtiendo de los efectos desastrosos, lo dice así textualmente, que puede tener para Doñana la proposición de ley impulsada por el PP con el apoyo de la ultraderecha. Desde la Junta se ha querido vender otra versión, más dulcificada, pero los términos del comunicado de Bruselas no dan pie a ningún tipo de interpretación, la norma, de salir adelante, tendrá un impacto negativo en la protección del humedal.
Parece que no hay ninguna duda, al PP le va a costar justificar lo que pretende hacer con Doñana, porque no creo que sean tan inconscientes como para ningunear a las instituciones europeas, o sí, porque de hecho la proposición de ley ya es un desafío a una sentencia europea que puede conllevar multas y sanciones para España. Es de suponer que el PP de Moreno Bonilla, pero también el de Feijóo que aspira a gobernar España, entiende el papel que juega Europa en nuestra legislación, que Bruselas es algo más que la ciudad a la que acuden para hablar siempre mal del gobierno español, cuando no gobiernan ellos, que formar parte del club europeo, supone una serie de obligaciones y de compromisos que se deben cumplir.
Tras la reunión de ayer, uno pensaría que el PP no tiene otra opción que retirar la proposición de ley y reconocer el error, pero de momento, los populares han optado por retorcer el resultado del en
