Los radares privados son una vieja idea que ya manejó la Dirección General de Tráfico en 2018. No se trata más que de la subcontrata de un servicio que desde los pequeños ayuntamientos no son capaces de asumir y financiar, como es el control de la velocidad y de otro tipo de servicios.
De esta forma existen empresas que entran en contacto con los ayuntamientos y se ofrecen para hacerse cargo de la instalación y de la manipulación y explotación de determinados elementos de regulación de tráfico, en este caso un radar de velocidad.
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