El sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) estrena este lunes su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, encaminado a reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en la comunidad, y que ha estado rodeado de polémica y contradicciones desde su anuncio el pasado jueves por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox). Derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo son los tres principales servicios que ofertará la región a las mujeres embarazadas, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar. Unas medidas que han generado polémica desde su anuncio el pasado jueves y que llevaron el domingo al Gobierno de España a remitir un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlo en marcha. Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó a través de un comunicado que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Ejecutivo a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
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