La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional, que finalmente ha aplazado al lunes su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP.
El PP y Ciudadanos, que como Vox han intentado hasta última hora aplazar el pleno, han decidido no votar en señal de protesta. Con 184 votos a favor -de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios-, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley en la que, a última hora, PSOE y Podemos han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del TC.
