En un nuevo capítulo de su asalto a la Justicia, y con la misma desfachatez con la que impuso a Lola Delgado, la del ‘Marlaska es maricón’, en la Fiscalía General del Estado, Sánchez coloca en el Tribunal Constitucional a dos ‘sicarios’ suyos.
El objetivo del jefe del PSOE con esta cacicada es evidente: quiere blindarse para cuando el pueblo español le pida cuentas por sus desquiciadas leyes y sus sucios pactos con golpistas y proetarras.
Para ello, mete entre los 12 miembros del TC a Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia que se prestó a impulsar los indultos de los golpistas catalanes condenados por sedición.
Campo, consorte de la sectaria Maritxel Batet presidenta del Congreso, reconocía cuando se prestó a la tropelía que Junqueras y sus compinches no se merecían la medida de gracia, porque no albergaban arrepentimiento alguno y, para colmo, no renunciaban a volver a intentarla.
Tragó sumiso y ahora Sánchez le premia, como hace siempre la izquierda con todo aquel -sea político, periodista, juez, funcionario o cura- que se pliega a sus enjuagues y ayuda a la causa.
Si a Sánchez le sale bien la maniobra y, vista la escasa reacción de la ciudadanía española, todo indica que le saldrá, asistiremos a la aberración de que el magistrado Campo juzgará en el Constitucional los ‘pecados’ del ministro Campo en el Gobierno.
Esto no ocurre ni en las dictaduras chavistas.
¿Y qué dicen los paniaguados dirigentes de la Unión Europea, que desde sus lujosos despachos de Bruselas marcan al milímetro a los Gobiernos conservadores de Hungría y Polonia por supuestos ataques a la democracia?
Pues nada, porque el Gobierno socialcomunista, el que promulga desde el BOE leyes delirantes, se abraza a los terroristas, coloniza RTVE, miente más que habla, manipula los fondos europeos y se lo lleva crudo, luce en la frente la etiqueta de ‘progre’.
