La trayectoria judicial de Fernando Grande-Marlaska no está exenta de polémica.
Marlaska abrió la investigación del conocido como caso Faisán, por un chivatazo a ETA que frustró una operación policial contra la banda, que terminó con la condena de dos policías.
Desde que entró en la Audiencia Nacional sustituyendo a Baltasar Garzón, investigó varias causas contra ETA, metió en prisión a Iñaki de Juana Chaos y procesó a Arnaldo Otegi. La banda terrorista llegó incluso a planear atentar contra él hasta en dos ocasiones.
A la vuelta de Garzón, Marlaska fue elegido Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entonces, presidió la sala en el juicio en el que se condenó a Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote.
Después, utilizó su voto de calidad para excarcelar a nueve etarras sin esperar al criterio del Tribunal Supremo.
Fue elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Y, desde 2018, es Ministro del Interior en el Gobierno socialista de Sánchez.
Marlaska dice rechazar el trato de favor a los presos de ETA. A principios de este año, afirmaba: “He estado en primera línea luchando contra el terrorismo. He sido y soy, víctima del terrorismo”.
Sin embargo, gracias al Ministerio del Interior, dirigido por Grande-Marlaska, más de 200 presos etarras han tenido el beneficio de ser trasladados a cárceles de País Vasco y Navarra. Los dos últimos, Henri Parot y Txapote, que acumulan miles de años de condena por sus crímenes y jamás se han mostrado arrepentidos.
Marlaska se ha ganado el rechazo entre la Judicatura. Muchos jueces y magistrados aseguran que “ha perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”. ¿Qué hará Marlaska cuando finalice su etapa como Ministro de Sánchez? ¿Volverá a ejercer como juez? ¿Volverá a cambiar de opinión?
