Mano dura con las inmobiliarias y guante de seda con los ‘okupas’.
Así funciona la Barcelona de Ada Colau, una ciudad que se ha convertido en el paraíso de los amigos de meterse en las propiedades ajenas.
De hecho, tiene ‘premio’ el violentar la vivienda de un tercero, ya que el proceso judicial para echar al ocupante puede dilatarse meses, incluso años.
Sin embargo, Colau tiene en el punto de mira a las inmobiliarias y al sector hotelero, a los que llena de multas por entender que son “especuladores urbanísticos”.
¿Resultado de esas zancadillas? Que estos no dudan en meterle pleitos a la regidora populista de la Ciudad Condal.
De hecho, cerca de 2.000 procesos judiciales de media está teniendo que encarar Colau y en muchas ocasiones con severas derrotas en los tribunales para su Consistorio.
Sin ir más lejos, la multa de 3.000 euros del ayuntamiento barcelonés al portal Idealista por ofrecer un alquiler a un precio que sobrepasaba lo establecido por la ley catalana de vivienda fue anulada en los juzgados porque se entendió que Colau hizo una interpretación forzada de la legislación.
Eso sí, mientras se somete al sector inmobiliario, por otro lado Barcelona ostenta el dudoso honor de ser la ciudad con más inmuebles okupados de España.
Y por si esto no fuera poco, Barcelona cuenta con una ‘Oficina para la Okupación’ que ofrece asesoramiento en cuestiones técnicas y legales en torno a la ocupación de espacios abandonados.
Esta oficina no tiene vinculación directa con el Ayuntamiento de Barcelona pero, según la oposición municipal, es un reflejo del grave problema que tiene la ciudad con el fenómeno de la okupación.
