Decenas de familias de más de 13 comunidades indígenas desplazadas por el conflicto armado colombiano acampan en condiciones de absoluta precariedad en el Parque Nacional de Bogotá. La Unidad de Víctimas los ha reconocido como víctimas y es deber estatal garantizarles una reparación y organizar el retorno a sus territorios. Unos 400 han vuelto, pero otros exigen más garantías de seguridad.
