El tiempo y el Tribunal Constitucional han dado la razón a los pocos que nos opusimos al estado de alarma, porque era ilegal encerrar en sus casas durante 100 días a 47 millones de españoles. Toda la gestión de la pandemia fue inconstitucional.
Las 800.000 denuncias por saltarse el confinamiento, las 600.000 multas y la detención de más de 5.000 personas fueron un abuso de poder, pero a mí no me parece eso lo más grave.
En un país serio y responsable, se exigirían responsabilidades, dimitirían altos cargos, perderían sus opíparos sueldos un montón de asesores, volaría la cabeza algún ministro e incluso la del presidente. Aquí no.
No solo el Gobierno Sánchez, al que el Tribunal Constitucional condena por tercera vez, pasa de todo, sino que la sociedad española vive feliz e indiferente.
Pero donde hoy quiero poner el acento no es en un tipo inmoral como el socialista Sánchez y ni siquiera en su forma de gobernar basada en la ilegalidad.
Sánchez y este PSOE indigno pasarán, probablemente, en cuanto haya elecciones generales. Lo que no va a cambiar y es mucho más preocupante, es que nos hemos convertido en un país de borregos.
Un país poblado por una masa inane y adormecida, que lo acepta todo de buen grado, que cuando debía haber protestado al ver recortada su libertad, se dedicó a cantar desde los balcones, a intercambiarse croquetas de terraza en terraza y a denunciar a gritos a los que veía paseando por la calle.
Un país con unos medios de comunicación y unos periodistas dispuestos a tragárselas dobladas, a la espera de la subvención oficial y el maná publicitario.
Mientras les hablo, miren está imagen de dos portadas del diario El País. Las separan sólo seis años, ambas hacen referencia al mismo asunto, con la diferencia de que el primer caso el precio de la luz había subido un 10% y gobernaba Rajoy en el segundo se había incrementado un 300% y mandaba Sánchez.
Pues la nación que sufre ese tipo de prensa, es la misma que tiene unos diputados que cuando llegó el momento de la verdad, mayoritariamente, renunciaron a su papel y otorgaron encantados a Sánchez lo que les pedía, aceptando irse a casa y concediendo poderes excepcionales al estafador de La Moncloa.
Cayetana Álvarez de Toledo, a la que el PP despojó poco después de la portavocía, tuvo agallas y afirmó tajante, rememorando a Winston Churchill, que un Parlamento no se cierra ni en tiempo de guerra, pero su partido se plegó encantado.
Está la excepción de VOX, a cuyo recurso debemos afortunadamente esta sentencia del Constitucional, pero no podemos pasar por alto la desidia, cobardía y vagancia del conjunto de nuestros diputados.
