En el derecho a la igualdad fue sustentado el envío al centro de Najayo, San Cristóbal, de los militares implicados en el entramado de corrupción denominado Coral.
La jueza Kenya Romero argumentó en la resolución que el cumplimiento de esa medida “no está exento de ejecutarse en el marco de igualdad ante la ley, recibiendo la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas que gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.
Dijo que no advierte “riesgo potencial a la integridad de las personas investigadas”, ni la necesidad de un tratamiento diferenciado en el cumplimiento de medida de coerción en un centro de corrección bajo el prisma del régimen ordinario.
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