El envío al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo por la jueza Kenya Romero, de los militares y policías implicados en el entramado de corrupción develado a través de la Operación Coral, ha generado un debate inmediato en el ámbito jurídico.
Por lo conocido ya, no existe consenso entre los abogados penalistas sobre el lugar donde deben cumplir la prisión preventiva los militares y policías involucrados en este complejo caso. Unos plantean que deben ir a cárcel ordinaria, junto a los civiles, como dispuso la magistrada, y otros a recintos especiales creados para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Los abogados expertos en derecho penal, Bunel Ramírez, Carlos Salcedo y Marino Batista Ubrí plantean que tanto los militares como los policías deben cumplir prisión en cárceles comunes, porque la Constitución no les otorga ningún privilegio, sino que, en contrario, establece el derecho a la igualdad.
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