El oficialismo salvadoreño tomó las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera acción fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, Raúl Melara.
La OEA rechazó la destitución de los magistrados y del fiscal general. "En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos", señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.
