Unos dos mil 500 presos políticos chilenos permanecen en las prisiones del país, y a a esa población se podrían sumar activistas que, en aras de ayudar con alimentos a los más necesitados, rompan la cuarentena, ya que ha sido aprobada una ley que castiga con cárcel a quien lo haga. Organizaciones sociales rechazan la represión estatal, como respuesta a la organización civil y la criminalización de la protesta social. teleSUR
