Sectores de bajos recursos amenazan con volver a sus empleos debido a que los bancos empiezan a cobrar créditos en pleno aislamiento obligatorio. Las entidades financieras se escudan en un decreto del gobierno de facto que define tres meses de suspensión de pago de créditos, pero la Asamblea Legislativa aprobó una ley más flexible en la que se estipulan seis meses. teleSUR