Madrid, 3 mar (EFE).- El Gobierno dará luz verde este martes a dos de sus proyectos "insignia": la nueva ley educativa -la "ley Celaá"-, que no llegó a tramitarse por las elecciones, y la ley integral contra las violencias sexuales, con la prometida reforma del "sí es sí" para acabar con la distinción entre abuso y violación.
La ley integral contra las violencias sexuales, que modificará el Código Penal con la creación de nuevos delitos y acabará con la distinción entre abuso y violación gracias a la introducción del consentimiento es una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista español.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva al Consejo este anteproyecto en la misma semana de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, como había prometido el Ejecutivo.
La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia, una reforma conocida como "sí es sí", es el aspecto más conocido de la ley, pero esta legislación aspira a ser integral e incluye no sólo más cambios punitivos, sino un enfoque amplio contra la violencia sexual.
El anteproyecto "amplía el foco" e introducirá nuevos delitos en el Código Penal y modificaciones en las penas, que serán "proporcionales y eficaces", según dijo ayer Montero.
"Hay penas que suben, hay penas que cambian muy mínimamente y sobre todo lo importante no es el número de penas, sino que amplía el foco, que se consideran violencias machistas muchas cosas que no se consideraban", apuntó la ministra.
Y en su reunión de este martes, el Consejo de Ministros aprueba por segunda vez el proyecto de ley educativa con el que la ministra Isabel Celaá quiere derogar la Lomce, aunque a diferencia del pasado febrero esta vez el documento podrá llegar al Congreso para su debate parlamentario.
El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), también conocido como "ley Celaá" -como pasa con la Lomce o "ley Wert"-, vuelve a aprobarse sin cambios y será en el Congreso y Senado, con la presentación de enmiendas de los diversos partidos, cuando se pueda consensuar alguna variación.
Entre los principales puntos de la nueva ley se encuentra que los estudiantes de Primaria y ESO cursarán una materia de Educación en valores cívicos y éticos mientras que la Religión no contará en la nota media en el acceso a la Universidad o para becas y no será obligatorio cursar una materia alternativa para quien no la escoja.
Desaparecen definitivamente las pruebas de final de etapa o "reválidas" de la Lomce pero habrá pruebas de diagnóstico al finalizar Primaria y la ESO.
Para la obtención y el mantenimiento de unidades concertadas se quita el término "demanda social" y se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por género u orientación sexual.
