La primera consecuencia del nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, es que ya no presidirá el juicio al 1-O ni tampoco redactará su sentencia. Pero eso no significa que desde su nuevo puesto no mantenga una influencia clave en un proceso en el que los líderes independentistas se enfrentan hasta a 25 años de prisión. Marchena, de 59 años, llegó al Supremo como fiscal en 2003. En 2014 se convirtió en el presidente de la sala segunda. Participó en las causas contra Garzón, incluidas las escuchas de la Gürtel, y que concluyó con su expulsión de la carrera judicial. Ahora tiene por delante el enorme reto de recuperar la imagen de la Justicia, bastante deteriorada tras sentencias como las de las hipotecas.
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