Las
universidades y las empresas no quieren oír ni hablar de la propuesta del
gobierno que les obligará a pagar la Seguridad Social a los estudiantes que
realicen prácticas. Su rechazo es total porque, dicen, les causará un grave
perjuicio económico. La medida, sin embargo, podría beneficiar a 534.000 alumnos. O no, si las empresas deciden
no contratarles...