Más de 100 medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos desde 2017 impiden que niños de Venezuela culminen sus tratamientos médicos financiados a través de programas sociales de PDVSA y Citgo. Son más de 20 pacientes que esperan transplantes de médula ósea, de los cuales 15 son casos en estado crítico y no cuentan con los recursos para costear su intervención sin el apoyo del Estado venezolano. Este viernes le fue enviado un mensaje a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU para que se pronuncie por los hechos.
