Seguir batallando desde Bruselas y hacerlo desde el parlamento europeo, con su altavoz y con su soporte económico. Desde hace tiempo Carles Puigdemont llevaba pensado presentarse a las elecciones del 26 de mayo. Y precisamente el día de las generales, la Junta Electoral Central frustaba el plan inicial. Prohibía a Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín ser los 1, 2 y 3 de la lista de Lliures per Europa, porque viven fuera de España pero no están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Tras su recurso, la fiscalía les dio la razón porque "vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo". Pero la justicia ordinaria decidió que decidiera el Supremo. Y el Alto Tribunal cree que Puigdemont puede ir en las listas, aunque devuelve la causa a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. No obstante, los afectados lo tenían claro ya de antes hacer campaña independientemente del veredicto. E independientemente de la dificultad que supondría recoger el acta, se entiende, en España, donde son prófugos. E independientemente de las encuestas, que dan a la candidatura soberanista entre cero y un escaño.
