Sólo en 2018, 745 estudiantes de Chile fueron expulsados de sus colegios bajo el amparo de la Ley Aula Segura que según expertos vulnera los derechos de niñas, niños y jóvenes. La ley otorga a los directores de colegios mayores atribuciones, lo que ha provocado que encabecen una especie de redadas, extorsiones y medidas cautelares hacia quienes luchan por el fortalecimiento de la educación pública, es decir, que se oponen al modelo imperante desde la dictadura que instala a la educación como un bien de consumo. teleSUR
