La jueza que instruye la causa abierta del referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña ha procesado a 30 investigados, la mayoría de ellos excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont, por malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación; además de imponerles una fianza solidaria de casi 6 millones de euros; y ha levantado la imputación a 15, entre ellos Carles Viver i Pi Sunyer y Santiago Vidal. Ante esta decisión, las reacciones no se han hecho esperar.
