La semana ha sido polémica en el ministerio fiscal. Al relevo de 18 fiscales en áreas tan sensibles como anticorrupción o la Audiencia Nacional se han sumado las denuncias de presiones y amenazas, hacia él y hacia algunos de sus compañeros, de uno de los relevados, Manuel López Bernal, el fiscal que encabezaba la causa contra el presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. Lo que se denuncia: seguimientos, amenazas o robos sospechosos, lo corrobora el hombre que sustituirá a Bernal al frente de la fiscalía anticorrupción de Murcia, también el fiscal del caso Nóos Pedro Horrach o el fiscal jefe de Baleares. Presiones que para el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, parecen propias de otros ámbitos, como el de la redes de crimen organizado.Esas son las presiones que, dicen los fiscales, pueden venir de los investigados, de otras presiones, las que pudieran llegar de sus superiores o del ejecutivo hablan con menos claridad. Sobre el papel el estatuto que regula la fiscalía garantiza su independencia y su autonomía. El Gobierno elige al fiscal general del Estado, pero no puede darle ordenes, aunque eso en opinión del exfiscal y magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, tiene sus matices. Pallín afirma que no hay órdenes escritas pero que los sistemas de comunicación en este ámbitos son diferentes y que todo depende del grado de respeto del Gobierno de turno a la institución y de la personalidad del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz coincide y lamenta que en esta materia España adolece de cierta falta de cultura democrática. La Unión Progresista de Fiscales critica, por ejemplo, declaraciones como las que hizo el ministro de Justicia en la cadena ser el pasado 16 de febrero cuando, en referencia a las fiscales de la púnica, que veían indicios para investigar al presidente de Murcia por la presunta contratación de una de las empresas de la trama para mejorar su reputación online Catalá dijo fiarse más del criterio de sus jefes, que no compartían el criterio de sus subordinadas. García Ortiz dice que ese tipo de declaraciones le hacen mucho daño a la fiscalía y que un ministro de justicia no puede ser un comentarista de casos aún abiertos. Del mismo modo, García Ortiz cuestiona algunos de los recientes relevos en áreas muy sensibles de la fiscalía. Relevar o mantener a esos fiscales tocaba y el Gobierno se ha pronunciado defendiendo que no ha habido ninguna injerencia del ejecutivo en esos relevos. No lo ha visto así el PSOE que la semana pasada hablaba de purgas en la Fiscalía. En España, como en el resto de los países de nuestro entorno, al Fiscal General del Estado lo elige el Gobierno pero a juicio de algunos profesionales, este debería intervenir menos en las labores de sus subordinados, sólo en casos puntuales dice García Ortiz. Además, José Antonio Martín Pallín afirma que nos faltan medios en la lucha contra la corrupción porque, dedicados a grandes casos de corrupción, en España, hay seis juzgados cuando en otros países de nuestro entorno puede llegar a haber 60.
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