La Policía de Gandía visita estos días decenas de residencias turísticas. Recorre puerta por puerta casas y apartamentos para comprobar su legalidad y verificar que el inmueble está registrado para poder ser alquilado y que los contratos están correctamente formalizados. Pero muchas veces los agentes se encuentran con que las reservas de los inmuebles se han realizado a través de una plataforma de internet, una opción que de realizarse sin contar con la licencia necesaria puede llegar a costar al intermediario una multa de 600.000 euros. Según Francesc Colomer, secretario de la Agencia Valenciana de Turismo, esta sanción es una herramienta "para lograr la tolerancia cero con el intrusismo" de quienes no cumplen la ley. La oferta de pisos turísticos ilegales ha crecido tanto que en otras zonas de la costa, como Benidorm, llega ya a igualar -según los hoteleros- al número de plazas de apartamentos reglados, campings y hoteles. La portavoz de la patronal hotelera de Benidorm, Nuria Montes, critica lo que considera una competencia desleal y señala que los alquileres ilegales "carecen de la más mínima garantía de seguridad y de confort para los clientes, pero están captando una parte muy importante de los turistas". Eso explicaría, según los hoteleros, como en plena temporada y con las playas llenas, la ocupación hotelera ha caído en julio un 3%.
